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Los seres humanos experimentan roces y conflictos personales y grupales en diversas áreas de sus trayectorias vitales. No existe una sociedad real sin conflictos. Múltiples utopías religiosas y seculares han planteado escatologías en las que, luego de luchas y tribulaciones, es posible llegar a estados más o menos permanentes de estabilidad, armonía y paz social. Ninguna de ellas se ha realizado, pero las ideologías dominantes valoran altamente estas características en la vida social.

Los conflictos generan perturbaciones sociales significativas; enfrentan a miembros de la comunidad, rompen relaciones de solidaridad existentes, aumentan la desconfianza, incrementan los costos de transacción, dañan y lesionan a personas, familias y colectivos, generan enorme estrés sico-social individual, tienen el potencial de desviarse hacia terceros inocentes en mecanismos de redireccionamiento de la hostilidad. Esta misma conflictividad social también puede generar oportunidades de mejoramiento social al “destapar” contradicciones de intereses que permanecían escondidas en la jerarquización social que perpetuaban formas de estabilidad social que, sin embargo, se basan en la coerción, en el sojuzgamiento y en la injusticia. El conflicto es un síntoma de patologías, pero también de vitalidad y confrontación social potencialmente fructífera. En esta doble dimensión positiva y negativa,  las sociedades tienen múltiples mecanismos para lograr que los conflictos sean gestionados y transformados de una manera que genere resultados “funcionales” y “adaptativos” para el grupo. Estos mecanismos, idealmente, brindan salida y alivio frente al conflicto patológico; y, también idealmente, abren espacios para la identificación y expresión de conflictos potencialmente emancipatorios.  La diferencia entre estas apreciaciones del conflicto es, por supuesto, polémica y discutida dentro de las mismas comunidades.

Esta Maestría busca estudiar el conflicto y sus métodos de gestión tanto sociales como estatales. Busca dar herramientas a profesionales del derecho y otras áreas para que tengan una conciencia ampliada y conocimientos teóricos y prácticas para participar acertadamente en la gestión y transformación funcional y adaptativa de los conflictos.

La importancia del “conflicto” en la vida social ha generado el convencimiento reciente de que, en sociedades democráticas, este debe tramitarse no solo a través de herramientas de gobierno sino también por medio de la jurisdicción. Se ha hablado justificadamente de la expansión global del poder judicial dentro del cuadro tradicional de separación de poderes. Este fenómeno ha implicado un aumento muy significativo de la confianza y de las tareas que la sociedad le confiere al poder judicial. Además de la clásica función de resolución de conflictos, las sociedades contemporáneas les han encargado a los jueces, por ejemplo, el arbitraje de diferencias políticas y la defensa de los derechos fundamentales.

Desde la ciencia económica, de otro lado, se ha hecho un gran énfasis en las tareas que el poder judicial debe desempeñar para lograr que las sociedades avancen hacia el desarrollo económico. En esta perspectiva, el poder judicial está hoy en día en el centro de la "institucionalidad" que reformadores (tanto nacionales como internacionales) buscan fortalecer y transformar para asegurar los derechos, generar confianza económica y estabilizar el marco jurídico de funcionamiento de la vida económica.

Estas nuevas funciones se desempeñan, de otro lado, en ambientes cada vez más exigentes. La demanda de justicia en las sociedades contemporáneas es creciente. Este aumento de la demanda pone una enorme presión sobre el aparato judicial que enfrenta hoy, más que nunca, la congestión que se deriva de los procesos de urbanización, industrialización e internacionalización de las economías y de las sociedades. Estos fenómenos han generado enormes cambios en ámbitos como el derecho comercial, laboral y penal. Así, pues, se le exige a la rama judicial que cumpla con su función tradicional de resolución de conflictos mientras que, al mismo tiempo, debe responder a nuevas presiones para que provea bienes públicos relacionados, por ejemplo, con la legitimidad política y la eficiencia económica. Esta potencial sobrecarga de funciones debe finalmente cumplirse en ambientes de masificación del litigio y de congestión permanente de la justicia.